¿SOMOS IGUALES ANTE LA LEY?

Enviado por Luis Espinoza Olivares 16 enero 2016

QUIZÁS SEA UNA FORMAL DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL

La Constitución Política del Estado de Chile, actualizada mediante el Decreto N° 100 del 17 de Septiembre de 2005, en su Artículo 1° señala textualmente: “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Una lectura simple y rápida de este artículo nos termina por inspirar y convencer que efectivamente los creadores de dicha frase estaban convencidos que realmente en Chile todos tenemos los mismos derechos… y deberes. Y no es tan así, porque (como dice una canción) todo depende…

Abramos la discusión con un dicho popular que todavía se escucha: “En este país, cuando un pobre se roba una gallina le dan 3 años de cárcel… en cambio a otros no les pasa nada…”. Y al parecer esto es una realidad, ya que los últimos y connotados sucesos ocurridos a nivel nacional así lo demuestran… Empresarios que han estafado a millones de consumidores mediante distintas colusiones (farmacias, supermercados, productores avícolas, etc.). Y ahí están, apenas pagando unas multas que no les hacen ni cosquillas, pero ninguna sanción penal como debiera haber sido pues se trató de delitos económicos. Que conste que lo que ellos percibieron vía colusiones valía más que una gallina… Para arreglar un poco la cosa, los Sres. Políticos a la carrera fabricaron una Ley que fue publicada con posterioridad a la comisión de estos delitos, un poco para justificar su labor parlamentaria.

A propósito de los Sres. Políticos: la ciudadanía ha sido testigo de los megaescándalos protagonizados por algunos Senadores, operadores políticos y otros personajes pertenecientes a partidos de distintos colores (de derecha a izquierda), en los llamados casos PENTA, SOQUIMICH y CAVAL. Aquí, simplemente algunos “honorables” hicieron uso de procedimientos poco éticos para el empleo de recursos públicos que fueron destinados principalmente al financiamiento de campañas políticas o, como en el caso CORPESCA, para uso personal. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¡Nada! Ninguna sanción penal que sea proporcional a los delitos cometidos. Solo “medidas cautelares”: arraigo nacional (no salir del país), firma mensual y otras que realmente indignan a la ciudadanía.

La sensación popular es que quienes ostentan el poder económico o político tienen un trato diferente ante la Ley, y no se les aplican sanciones penales o sanciones éticas al interior de sus respectivos partidos políticos. Por ello la molestia generalizada: porque los poderosos poseen inmunidad ante todo. ¿Y qué hay del trabajador, del empleado, del profesional, quienes quiebran la espalda para llevar el sustento a sus hogares… tienen el mismo trato? ¡Definitivamente NO! Por ello Chile se ha convertido en un país injusto, muy injusto.

Casos concretos que han sido difundidos por la prensa escrita, radial y de TV:

# En el caso CAVAL, donde están involucrados el hijo y la nuera de la Sra. Presidenta de Chile, finalmente es probable que no haya ninguna sanción, solo cautelares. Recordar que el período de investigación se extendió por un año más.

# En el caso SOQUIMICH el Fiscal Pablo Gómez (V Región) ya anticipó que era difícil llegar a sanciones penales, también se aplicarán solo medidas cautelares para los políticos involucrados (de izquierda y de derecha). Quizás, el Sr. Fiscal no quiso dar señales de abanderamiento político con uno u otro sector.

# La UDI asumió una “defensa corporativa” del ex Senador Pablo Longueira, como una forma de demostrar poder frente a la sociedad y ante a la Justicia.

# Don José Miguel Inzulza (socialista), ex Canciller y actual agente de Chile ante el Tribunal de La Haya, el 14 de Febrero recién pasado interrumpió sus vacaciones para salir en una desconcertante defensa pública del Sr. Pablo Longueira (UDI), involucrado en el caso Soquimich. Increíble, pues políticamente han sido siempre enemigos acérrimos, especialmente por el tema de los derechos humanos. Esto demuestra que la “clase política” transversalmente se cuida entre sí y después el discurso es otro.

Otro tema que preocupa a la ciudadanía es la autonomía de los Poderes del Estado y de las Instituciones persecutoras y fiscalizadoras. Desde siempre el Ejecutivo ha presionado al Legislativo. El Ejecutivo y el Legislativo permanentemente envían “mensajes” al poder Judicial. La designación de un miembro de la Corte Suprema debe ser a propuestas del Ejecutivo. El Fiscal Nacional y el Contralor General de la República son propuestos por el Ejecutivo y aprobados con cierto quórum por el Legislativo.

Por otra parte, constantemente Autoridades Administrativas de distinto nivel –incluidas las comunales- sostienen “entrevistas” o “visitas” a los Jefes de las Instituciones autónomas para hacer “lobby”, marcar presencia o simplemente hacer solicitudes que les favorezcan en las resoluciones finales que se dicten. ¿De qué autonomía estamos hablando?

Entonces, viene la manoseada frase de muchos políticos y autoridades: “las Instituciones funcionan”. De que funcionan no cabe dudas, pero no sabemos a ciencia cierta cómo funcionan.

De verdad, los ciudadanos comunes y corrientes estamos decepcionados del doble estándar que se observa en todas partes. Muchos llegan a altos cargos de representación pública y se olvidan de la gente que lo está pasando mal.

Quizás esta columna pueda ser una contribución al verdadero cambio que se requiere en todas las estructuras. Basta de discursos, promesas y utopías. Para cambiar Chile no se necesita crear más partidos políticos, ni más regiones, ni más Comunas. Tampoco se precisa del aumento del número de senadores y diputados. ¿Para qué, para aumentar el gasto fiscal y para que todo siga funcionando igual, con grupos que a nivel nacional lo único que buscan es el poder?

Mientras tanto ahí estamos los trabajadores, observando cómo el Poder Legislativo se “abuenó” para entregar un escuálido 4,1% de reajuste salarial en Diciembre pasado. O para seguir esperando que un acto divino logre cambiar la perversa situación previsional liderada por las AFP que cada día engordan con el dinero de los trabajadores, quienes cuando jubilen tendrán una pensión miserable e indigna no acorde con el esfuerzo que cada chileno realiza para hacer de nuestro país una Nación más justa y fraterna.

Se requiere que todas las personas que ostentan cargos públicos (desde los más modestos) se concentren en crear bienestar y orden social que permita que las familias se desarrollen en armonía y tranquilidad, para levantar a este querido país de la condición en la que actualmente está.

Luis Espinoza Olivares