Enviado por el profesor Luis Espinoza Olivares el 05 julio 2015
¿CÓMO AFECTA AL SISTEMA EDUCACIONAL?
Por Marcela Paz Muñoz Illanes
Ya son cerca de 30 días de la huelga de
profesores. ¿Cómo afecta al sistema educacional la paralización de gran parte
de la educación municipal? Conversamos con Ernesto Treviño director del CPCE de
la Universidad Diego Portales y Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP sobre
los alcances de esta movilización que afecta a cerca de 500 mil niños que se
encuentran sin clases.
Según el último
reporte del Mineduc, hasta la semana pasada el 38% de los colegios municipales
seguía sin clases, confirmando la tendencia a la baja en el paro de los últimos
días, algo que para los maestros obedece al "cansancio" que implica
la movilización.
El problema es que es altamente
posible que el paro signifique además, un aumento de la fuga de alumnos de
establecimientos municipales, algo que preocupa de sobremanera. Sobre este tema
y las repercusiones de la movilización conversamos con Ernesto Treviño director
del CPCE de la Universidad Diego Portales y Sylvia Eyzaguirre, investigadora
del CEP y Directora
Revista Educar.
¿Cuánto afecta el
paro de profesores a la educación municipalizada?
Sylvia Eyzaguirre: “El paro de
profesores indudablemente debilita a la educación pública y, lo que es más
grave, perjudica a los estudiantes que ahí se educan, que en su mayoría
provienen de los sectores más vulnerables. El daño cuantitativo sólo lo
sabremos el próximo año cuando veamos cuántos estudiantes decidieron cambiarse
de colegio por culpa del paro, pero es indudable que con la movilización de
profesores se daña aún más el prestigio de la educación pública”.
Ernesto Treviño: “Es esperable que
el paro afecte gravemente a la educación municipal, no solo en términos de
caída de matrícula sino que también contribuirá continuar con su
desvalorización social”.
¿Qué elementos hay
que remediar del actual proyecto de política nacional docente?
Sylvia Eyzaguirre: “Hay seis aspectos
del proyecto que deben ser mejorados, si de verdad queremos restituir el
prestigio de la profesión docente. En primer lugar, debemos atraer a los
mejores docentes a trabajar a las escuelas más vulnerables. Para ello es
fundamental incrementar el monto de la asignación para los profesores
destacados que trabajen en colegios vulnerables, pues la actual propuesta del
Gobierno no es lo suficientemente. Ello no sólo implica aumentar el bono para
los docentes de los escalafones más altos de la carrera, sino que también
debemos atraer a jóvenes talentosos a trabajar a estos establecimientos.
En segundo lugar,
fortalecer el rol del director al interior de la comunidad escolar. Hoy los directores
de establecimientos municipales no pueden seleccionar a su cuerpo docente, no
tienen incentivos para evaluarlos y no pueden desvincularlos por bajo
desempeño. La tendencia internacional de los mejores sistemas educativos es
avanzar hacia mayor descentralización empoderando a los equipos directivos y
aliviando la carga del nivel central. Debemos confiar en las escuelas y en la
capacidad de las comunidades educativas de llevar adelante sus proyectos
educativos, en este sentido, el proyecto no fortalece la función del director
en el sector público y debilita la del sector particular subvencionado. Para
subsanar este problema debemos cambiar la forma de seleccionar a los docentes
en el sector público, considerar la evaluación del director en la carrera
docente al igual que en la evaluación de desempeño, y entregar más atribuciones
a los directores para desvincular a los docentes de bajo desempeño.
En tercer lugar,
mejorar la estructura salarial que propone el Gobierno. Si bien es un
avance significativo premiar el mérito, las diferencias salariales entre los
diferentes escalafones de desempeño son al comienzo relativamente bajas,
desincentivando el progreso en la carrera profesional. Por otra parte, los
salarios siguen creciendo considerablemente menos en los primeros 20 años del
ejercicio profesional en comparación con las otras profesiones y
significativamente más que las otras profesiones en los últimos años del
ejercicio profesional. Sería importante corregir esto, aumentando la dispersión
salarial entre los diferentes tramos de la carrera y que los salarios crezcan
más al comienzo del ejercicio laboral y menos a al final de la carrera.
En cuarto lugar,
separar las funciones de evaluación y de apoyo a los docentes. El proyecto de ley
establece que sea el CPEIP quien realice ambas tareas, pero es evidente el
conflicto de intereses que ello implica. Mucho más lógico es traspasar la tarea
de evaluación a la Agencia de la Calidad y que el CPEIP concentre sus esfuerzos
en apoyar el perfeccionamiento continuo de los docentes y directores.
En quinto lugar,
debemos ser más exigentes con los estándares de calidad que vamos a exigir. Hoy, un profesor
que obtiene todas las preguntas malas en la prueba de conocimientos
disciplinarios puede alcanzar el nivel avanzado, que es considerado óptimo por
el Ministerio de Educación. A su vez, los docentes que no alcanzan el nivel de
Avanzado pueden quedarse eternamente ejerciendo la profesión y con ello
perjudicando a cientos de niños. Para asegurarnos que todos los docentes que
están dentro del aula tengan los conocimientos y competencias necesarias,
debemos establecer estándares adecuados y desvincular de forma oportuna a
quienes no revelan tener las capacidades que requiere esta profesión.
Por último, debemos
adelantar la entregada en vigencia de las educadoras de párvulo y del sector
particular subvencionado a la carrera docente, pues las primeras
juegan un rol fundamental en entregar mayores oportunidades de aprendizaje a
los niños más vulnerables y en el segundo se educa el grueso de los
estudiantes, de manera que no podemos rezagar su entrada”.
Ernesto Treviño: “El proyecto tiene
criterios de inclusión muy importantes, pues por primera vez desde 1981, este
tipo de políticas incluye a todas las educadoras y educadores, desde el nivel
parvulario hasta la media en todos los establecimientos que reciban recursos del
estado.
El proyecto
requiere fortalecerse en distintos ámbitos. Primero, es necesario acortar
los plazos de implementación que dejan a las educadoras de párvulos postergadas
por décadas. Segundo, se requiere perfeccionar la propuesta de
evaluación en dos sentidos. Por un lado, aclarando que las pruebas de
conocimientos sobre el mismo tema deben ser recurrentes solamente en el caso de
que haya habido cambios curriculares o que el docente se haya especializado.
Por otro lado, se debe impedir que docentes que no tienen una sola respuesta
correcta en la prueba de conocimientos puedan enseñar, porque en el proyecto
presentado pueden ser clasificados incluso como avanzados si tienen una alta
calificación en el portafolio. En tercer lugar, se pueden mejorar los tramos
salariales. Por último, es necesario crear un sistema de mentorías con
plazos claros para que se pueda aplicar a todos los egresados de pedagogía”.
¿Es posible
implementar una política pública que mejore la formación inicial de los
profesores?
Sylvia Eyzaguirre: “Las leyes, cuando
están bien hechas, establecen un marco propicio para el buen funcionamiento del
sistema, pero no bastan por sí solas. El proyecto de ley establece exigencias
más altas tanto a los alumnos que entren a estudiar pedagogía como a las casas
de estudio, pero para mejorar la formación inicial se requiere la colaboración
de las instituciones formadoras. Ellas tienen una tremenda responsabilidad en
formar de forma adecuada a los futuros profesores, innovando sus mallas curriculares,
trabajando de forma mancomunada con las escuelas, ofreciendo prácticas
pedagógicas desde temprano, desarrollando investigación en áreas claves para el
mejoramiento de las estrategias de enseñanza, etc. Este proyecto avanza en
establecer condiciones adecuadas, por supuesto debe complementarse con un nuevo
sistema de aseguramiento de la calidad más exigente y un sistema de
financiamiento adecuado que responda a las nuevas exigencias, pero también las
instituciones tienen que comprometerse con la formación de sus estudiantes”.
Ernesto Treviño: “Tal vez uno de
los puntos que es más complejo, y se observa en las demandas de los profesores,
es que se requiere mejorar la formación inicial y continua de los docentes. El
proyecto de carrera docente no puede hacerse cargo de esto, por lo que se
requieren políticas complementarias, tales como una regulación clara de la
oferta de las carreas de pedagogía, que prohíba que se ofrezcan carreras no
acreditadas, así como un proyecto de fortalecimiento del CPEIP y regulación de
la formación continua. Es necesario desarrollar estas políticas, porque
actualmente no existen propuestas que orienten hacia una mejora de la
formación”.
¿Cree que la medida
de adelantar la salida de los alumnos a vacaciones de invierno puede mejorar la
situación? ¿Qué sucede con el descuento del sueldo a los profesores que están
en paro?
Sylvia Eyzaguirre: “Me parece que es
una medida acertada, pues de esta forma se puede recalendarizar el año escolar
y así evitar que los niños y jóvenes afectados por el paro pierdan su año
escolar. Más allá del descuento del sueldo, lo que desilusiona del gremio es
que sus demandas apuntan a debilitar aún más la profesión docente. Ellos no
están preocupados de que la profesión docente sea efectivamente una profesión
exigente y prestigiosa, sino que sus demandas apuntan a bajar aún más los
estándares de calidad. Eso es lo que resulta lamentable, pues este proyecto no
sólo trata de revindicar los derechos de los profesores, sino por sobre todo de
asegurarnos como sociedad que nuestros niños y jóvenes tengan una educación de
calidad que les permita desarrollarse plenamente”.
Ernesto Treviño: “Adelantar las
vacaciones es una medida sensata para proteger el derecho a la educación de los
niños y, a la postre, servirá también para reducir la carga laboral de los
docentes que se verán obligados a reponer clases. Dado es sistema de
financiamiento de la educación, es compleja la situación para mantener el pago
a los profesores, pues los sostenedores no recibirán subvención por mandato
legal”.
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